Carta a lxs Diputadxs Mendocinxs en el Congreso Nacional

Cuando las mujeres hablamos de aborto, decimos “nosotras”, porque se trata de una práctica que está presente a lo largo de nuestras vidas: en nuestras familias, entre nuestras amigas, en nuestros propios cuerpos, como acto o como posibilidad. Nosotras abortamos, pero no contamos con el derecho legal de hacerlo. O podemos decir también que, aunque no se nos reconozca el derecho de hacerlo, abortamos igual, de cualquier manera. 

Abortamos con las condiciones de higiene y seguridad que podemos pagarnos, en una clínica privada, o privadas, justamente, de las que no podemos pagarnos, y lo hacemos con la “partera” del barrio o en la propia casa, con enormes riesgos para nuestra salud, y el terror de tener que necesitar después ayuda que nos exponga a la denuncia por parte del personal médico de un hospital. Esta diferencia en la seguridad que depende de la situación económica de la solicitante, contribuye al mercado negro del aborto clandestino, un mercado de 1000 millones de pesos cada año[1], que constituye además una clara injusticia social basada en las posibilidades económicas. Abortamos angustiadas por esta clandestinidad, a la que se nos obliga, incluso cuando nuestro caso se corresponde con alguna de las excepciones que contempla el Código Penal. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con Ana María Acevedo, caso testigo en la región en el reclamo ante la CIDH[2]. Acevedo era una joven mujer santafecina, pobre y madre de tres niños, que cursaba un embarazo muy reciente cuando le diagnosticaron cáncer de mandíbula. Ante el pedido de aborto terapéutico, el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe prefirió sostener el embarazo y, en cambio, suspenderle el tratamiento oncológico. La historia de Ana María termina con un embarazo malogrado a las 24 semanas, el dolor insoportable del cáncer, el coma farmacológico seguido de muerte y sus tres hijos huérfanos de madre[3]. Recordamos también el caso reciente de la adolescente misionera, embarazada fruto de la violación por parte de un tío, que reclamó un aborto; su madre fue mal informada acerca de falsos riesgos por el personal médico, que le impidió esta práctica, y hoy la niña cursa su embarazo en el total abandono por parte de todos los sectores, públicos y de la sociedad civil, que batallaron contra su derecho[4]. Historias similares se cuentan por docenas en todo el país, involucrando a niñas y mujeres con discapacidad mental, cuyas madres tuvieron que elegir entre hacerlas abortar en la clandestinidad, o resignarse a criar, además de una hija que no puede valerse por sí misma, al niño o la niña que esta tendría. Abortamos también empujadas a ello por el mismo sistema de salud que nos niega el acceso a los métodos anticonceptivos en muchas provincias. Es lo ocurrido con Mónica, una mujer entrerriana, de 26 años, pobre y padeciente del síndrome de Fallot, una patología cardíaca crónica: no le colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) cuando lo solicitó, luego le negaron el aborto terapéutico en dos hospitales públicos, y ahora permanece internada, en reposo absoluto y lejos de su esposo y su hijo adolescente[5]. Abortamos exponiéndonos al reproche de sectores de la sociedad que insisten en la consigna de que el aborto es un asesinato, que llaman “bebé” al embrión, que nombran como “madre” a la mujer embarazada aunque no quiera serlo, argumentando un sufrimiento en el aborto que no es posible biológicamente por falta de desarrollo nervioso del embrión, y defienden los supuestos derechos del que denominan “niño por nacer”, creando con sus falacias una persona donde no la hay, e ignorando los derechos de la persona que sí existe, la mujer, a la que se reduce al rol de incubadora. Abortamos a pesar de las advertencias de estos mismos sectores que nos hablan de un supuesto daño psicológico irreversible, porque sabemos que, más allá de la persecución moralizadora y culpabilizadora de estos sectores, el único daño irreversible que nos amenaza es el físico, como la esterilidad o la muerte, consecuencia de la misma clandestinidad de la práctica, y no una angustia con la que intentan desmentir la capacidad que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Abortamos aunque nos traten de asesinas e irresponsables, ignorando la relevancia que la contemplación de los derechos de las mujeres tiene en la agenda de los derechos humanos, y la alta incidencia que tiene en la Argentina la falla del método anticonceptivo en los embarazos, la violencia de género o la desinformación: el 40% de los embarazos en el país no fue buscado, un porcentaje que alcanza el 70% en adolescentes[6].

Abortamos en gran número, y por eso el derecho a hacerlo es un asunto relevante de salud pública. Recientemente, en la jornada “El aborto, un problema de salud pública”, el doctor Mario Sebastiani, del Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano y presidente del Comité de Bioética de ese hospital, explicaba que en la Argentina se registra casi un aborto por cada embarazo llevado a término, es decir, más de 500.000 al año[7]. La clandestinidad de esta práctica genera al año más de 50.000 internaciones por aborto mal realizado[8] y más de 200 muertes de mujeres en edad fértil. Estos son los números que obligan a dejar de pensar en el aborto como una cuestión moral para entenderlo como un aspecto principal de la salud pública. Explica el doctor Sebastiani: “Hay algunos lugares donde esto está relegado a la clandestinidad, a la inseguridad, a la enfermedad y a la muerte; y en otros donde es un triunfo de la salud pública. Lo que significa que aún siendo terriblemente dificultoso el problema del aborto desde el punto de vista moral, religioso, humanitario, la salud pública les dice a las mujeres que no las va a desproteger ni les dará la espalda. La salud pública les ofrecerá a esas mujeres un procedimiento absolutamente seguro que interrumpa la gestación, luego las asesorará a los efectos de que no vuelvan a tener una repitencia y de que no vuelva a tener un embarazo no deseado. Esta escenografía se contrapone a la clandestinidad que resuelve el problema cuanto antes y de las peores maneras”[9]. La mención a la prevención de la repitencia hace foco en otro de los cuestionamientos frecuentes a la legalización del aborto: la posibilidad de que aumente la práctica. Es un argumento que suele utilizarse contra la ampliación de derechos: se dijo que las parejas se separarían más si se legalizaba el divorcio, o que se produciría una crisis social y familiar con la sanción del matrimonio igualitario. En el caso del aborto, no solamente se evitarían el daño físico y la muerte de las mujeres en edad fértil, sino que además, al quedar la práctica dentro del sistema de salud, se la podría asesorar con información médica veraz, y proveer con métodos anticonceptivos, para que pueda evitar la realización de una nueva interrupción de un embarazo no deseado. Contar con una ley de interrupción voluntaria del embarazo no obligará a nadie a abortar, pero, si asegurará la salud de las mujeres que aún a riesgo de enfermarse, morir o ir presas interrumpen sus embarazos porque no es su momento, o porque no lo pueden sostener económicamente o porque han sido violadas.

En los últimos años, los derechos humanos se han convertido en parte central de la agenda pública argentina. Así como reconocemos este avance, corresponde recordar que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente a través de la Relatoría del Consejo de Derechos Humanos (CDH), se sostiene que la salud sexual y reproductiva de las mujeres debe dejar de ser un asunto de moral pública para ser reconocida como un asunto central de los derechos humanos. El Relator Especial del CDH, Anand Grover, en el párrafo 21 del informe “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, sostiene: “Las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse. Estas leyes atentan contra la dignidad y autonomía de la mujer al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva. Asimismo, generan invariablemente efectos nocivos para la salud física, al ser causa de muertes evitables, morbilidad y mala salud, y para la salud mental, entre otras cosas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el sistema de justicia penal. La promulgación o el mantenimiento de leyes que penalicen el aborto puede constituir una violación de la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud”[10].

Es por todo lo expuesto que consideramos que nuestros legisladores y legisladoras tienen la obligación política de avalar, en este debate, el proyecto que reconoce el derecho absoluto a la interrupción voluntaria del embarazo, como práctica regular dentro del sistema de salud en todos los sectores. Las mujeres en la Argentina necesitamos, tenemos derecho y lo reclamamos, a la educación sexual integral para decidir, al libre acceso a los métodos anticonceptivos para no abortar, y la interrupción voluntaria del embarazo con garantía, legal, seguro y gratuito para no morir.


Firmamos: Mendocinxs por la Igualdad – Libres por la Diversidades – Juana Azurduy – Coordinación de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo - Movimiento Universitario SUR – Libres del Sur Mendoza en el Frente Amplio Progresista

Fuentes:

[1] “Algo habrán hecho”, en Aborto con Pastillas, 31-08-2010. http://abortoconpastillas.info/2010/08/31/algo-habran-hecho/
[2] “ONGs de Argentina Denunciaron ante la CIDH las consecuencias de la criminalización del aborto”, en Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos o violencia familiar, 29-03-2011. http://www.proteccioninfancia.org.ar/node/464
[3] “Condenada en nombre de la medicina”, en Página/12, 29-03-2011. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/165132-52784-2011-03-29.html
[4] “Denunciaron el abandono en que se encuentra la niña violada a la que se le negó el aborto no punible”, en RedMisiones.TV, 13-10-2011. http://www.redmisiones.tv/ampliar.php?id=1011
[5] “Una vida en riesgo por negar un aborto”, nota de Mariana Carbajal en Página/12, 13-10-2011. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-178801-2011-10-13.html
[6] “Madres argentinas: tienen en promedio de 2 a 3 hijos”, en Diario El Ciudadano y la Gente, 16-00-2011.
http://www.elciudadanoweb.com/?p=260010
[7] “En Argentina tenemos casi un aborto por cada recién nacido”, en Diario La Mañana de Neuquén, 22-10-2011. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/10/22/en-argentina-tenemos-casi-un-aborto-por-cada-recien-nacido_124963#
[8] “Reclaman políticas para evitar muertes durante el embarazo y el parto”, en DocSalud.com, 28-03-2011. http://www.docsalud.com/articulo/2232/reclaman-pol%C3%ADticas-para-evitar-muertes-durante-el-embarazo-y-el-parto
[9] “En Argentina tenemos casi un aborto por cada recién nacido”, en Diario La Mañana de Neuquén, 22-10-2011. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/10/22/en-argentina-tenemos-casi-un-aborto-por-cada-recien-nacido_124963#
[10] “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, Asamblea General de las Naciones Unidas, 03-08-2011. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/254&referer=/english/&Lang=S

Soy lo que Soy

El 22 de octubre se conmemora el día de la Identidad. Esto hace referencia a las personas arrancadas de sus familias por siniestros apropiadores en los sórdidos años de la dictadura militar.

Aunque no se tienen cifras exactas, serían muchxs lxs hijxs que esperan ser reencontradxs por sus familias biológicas, muchas madres que esperan hallarlxs, muchas abuelas que esperan tener otra vez cerca el recuerdo vivo de sus hijxs.

Sin dudas el caso más emblemático es el de los Noble. Y es el más emblemático no porque sea un ejemplo. Precisamente es un caso que está plagado de agujeros en cuanto a esa supuesta legalidad. El hijo y la hija apropiadxs por la dueña de Clarín han sido, en primer término, hijxs de desaparecidxs. Esto quiere decir que hubo un padre y una madre que murieron para que la Sra. Ernestina pudiera realizarse como madre. Esto nos hace sospechar que existió por ese tiempo una estrecha relación entre esta familia y los represores de turno, relación que suponemos facilitó esa apropiación, entre otros negocios que mantuvieron con el gobierno de facto.

En ese sentido, la adopción también estaría plagada de vicios. Uno de los más sobresalientes es la autorización de la adopción póstuma de esxs niñxs. El Sr. Noble ya estaba muerto cuándo Ernestina adopta a Marcela y Felipe.

Es claro cómo el poder puede comprar todo, hasta una adopción post mórtem. Es claro cómo algunas gentes no sienten el deber de rendir cuentas por que sus imperios lxs ubican en un lugar donde no existe la posibilidad de dar explicaciones a la justicia.

Pero esta fecha no solamente reivindica el derecho inalienable a la identidad desde la perspectiva de derechos humanos. También nos evoca a un tema más actual pero no más nuevo: La Identidad de Género.

En este sentido, la identidad de género es ser quién se es y no otro. Hoy la legislación argentina impone un modelo de identidad binario, una dicotomía entre el Ser Masculino y Ser Femenina y relaciones de desigualdad entre varón y mujer; heterosexual y no-heterosexual, y entre la identidad Masculina y la Femenina. Hay países como Australia que ya incorporaron la identidad trans a su documentación, tal así que si una persona solicita su pasaporte, en la grilla que refiere al género tendremos M (male), F (female) y T (Transgender). Esto se traduce en un enorme avance en materia de Identidad. Reconocer el Ser Trans sin necesidad de patologías que la justifiquen es hacer efecivo y garantizar el derecho a Ser, es decir, el derecho a la Identidad.

Argentina sigue pretendiendo ajustar los cuerpos a lo masculino o femenino sin tener en cuenta otras formas de sentir el Ser. Es claro que existirían tantas identidades como personas y esa diversidad nos hace ricos.

Es necesario esforzarnos por empatizar y aceptar todo aquello que no es heterosexual y binario, porque no poner en valor las identidades de género y sexuales diferentes a la heteronormativa es alimentar el círculo vicioso de la exclusión y la segregación. Hoy, las personas trans son negadas y violentadas en extremo. Su historia es, en resumidas cuentas, la historia de la marginalidad.

Crecen sintiéndose diferentes al resto, diferentes en su concepción acerca de su cuerpo, diferentes respecto del cuerpo de lxs demás, luchando contra eso que son y que por las presiones sociales, confesionales y familiares no pueden ser. Mas tarde, cuándo deciden ser quienes son por que ya es insostenible el llevar esa doble vida en la que para algunxs es unx y para otrxs, otrx, sufren el primer golpe de violencia y exclusión en el seno familiar. Son expulsadxs de sus hogares por ser diferentes y no ajustarse a la norma. Norma inventada por las religiones en su afán de apoderarse sobre nuestros cuerpos y nuestras voluntades.

Expulsadxs finalmente del seno familiar, automáticamente quedan fuera del sistema de educación. La edad promedio en que una persona trans decide tomar las riendas de su identidad es alrededor de los quince años. En la escuela no lxs aceptan porque no se ajustan a Ser varón o Mujer según sus genitales. Para la escuela es una enfermedad que una persona transgreda su género. Entonces la persona con identidad trans es obligada a abandonar la escuela. Sin escuela y sin familia, son arrojadxs a su suerte y la única alternativa posible es el trabajo sexual. Pareciera ser que el comienzo de la vida sexual de lxs trans coincide con el inicio en esta actividad.

Excluidxs de la casa, de la escuela y obligadxs a ganarse la vida con el sexo, comienzan una larga peregrinación por los sistemas de salud, donde también son humilladxs. Una de las formas de maltrato más frecuentes es la que ejercen enfermerxs cuando deciden arbitrariamente llamarlxs por su nombre de nacimiento y no con el nombre que lxs identifica. Así, si la sujeta es trans HaM (de Hombre a Mujer) y su nombre de nacimiento es Juan López, pero el nombre que la identifica es Perla, lxs efectores de salud deben tener la sensibilidad de llamarla Perla, porque esa es la identidad que construyó y merece todo nuestro respeto. Decididamente esa mujer trans nunca fue Pedro. Estas situaciones son las que producen la deserción de la comunidad trans de los servicios de salud públicos. En consecuencia, la expectativa de vida de estos seres humanos apenas alcanza los 35 años de edad. La falta de educación formal, la exclusión del sistema de salud y el trabajo sexual lxs hace altamente vulnerables a infecciones transmisibles sexualmente, al VIH/Sida y al acoso, persecución y abuso de la policía.

Legalmente también se lxs violenta constantemente. Existe en Mendoza un Código de Falta que criminaliza a la homosexualidad, a las personas con identidades diferentes y al trabajo sexual autónomo. Estos artículos que van desde el 54 al 56 persiguen a lxs trabajadorxs sexuales, homosexuales y trans. Las personas tran son criminalizadas por partida doble: por Trans y por Trabajadorxs Sexuales.

Sin lugar a dudas hay una necesidad de trabajar con legisladorxs y sociedad civil para derogar o impugnar este código que data del año 1965, concebido, gestado y parido en época de dictadura. En ese sentido no es un cuerpo legal legítimo, no nos pertenece como sociedad democrática, como nada que se haya cocinado en épocas de procesos militares. Si el poder fue usurpado ilegítimamente, nada de lo que emane de eso debería ser observado.

Pero el gran logro que necesitamos para seguir construyendo ciudadanía es la sanción de la Ley de Identidad de Género, que reconozca a nuestrxs compañerxs trans por ser quiénes son y no otrxs; y la ley de Atención Sanitaria Integral, para que esa nueva identidad esté acompañada por los tratamientos pertinentes (hormonales, plásticos, reasignación de sexo) garantizados por el Estado Nacional.

No se puede permitir que funcionarios públicos sigan replicando que la necesidad de tratamientos que las personas trans requieren son un mero capricho. No podemos hacer oídos sordos al criterio de salud aplicado y reconocido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el que establece que salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. En este sentido es claro que muchas de las personas trans para poder llegar a ese estado de completo bienestar necesitan tratamientos hormonales y/o cirugías. En el caso de la declaración de “Disforia de Género”, que es la manera que tiene el DSM IV de encuadrar la transgeneridad en los trastornos mentales, también es necesario acceder a tratamientos y cirugías.

Finalmente, tenemos que reconocer que para convertirnos en una sociedad cada vez más igualitaria y equitativa, debemos luchar para encontrar a lxs hijxs apropiadxs y legislar sobre la identidad de género para hacer efectivos todos los derechos que nos corresponden por el simple hecho de ser personas. 

Amor Crudo - Corto Argentino

Sinopsis: Un retrato de los años de pubertad, de desbordado libido y confusos sentimientos. Dos amigos que se la pasan todo el tiempo juntos, jugando, bromeando y explorando su sexualidad. Pero son los últimos días de colegio y aunque ellos no quieran, algo se está terminando. Magnifico corto argentino.

Título: Amor Crudo - Argentina - 2008

Dirección: Martín Deus

Producción: Martín Deus

Guión: Martín Deus

Música: Nicolás Di Paolo

Sonido: Ezequiel Brodsky

Fotografía: Sebastián Gallo

Montaje: Alberto Ponce

Vestuario: Romina Quiroga

Elenco: Felipe Villanueva

             Valentino Arocena

             Katja Alemann
             Nicolás Videla
             Juan Pablo Cámara
             Natan Skigin
             Hugo Rodriguez
             Liliana Ponce

Asignación Universal según Miguel Del Sel: el MIDACHI-Pro-Derechista

Si hay dos medidas de gobierno nacional que han sido ejemplo para muchos países latinoamericanos y no latinoamericanos, son Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Creo que es muy importante entender el espíritu de estas medidas. No son medidas clientelistas por que las reciben todxs aquellxs que cumplen con los requisitos. No podemos decir que el gobierno te da la asignación a cambio de un voto. Tampoco son subsidios. Los subsidios son cantidades de dinero que recibe una persona o entidad, de manera excepcional, como ayuda para satisfacer una necesidad determinada. Esto es una asignación, es decir, es la cantidad de dinero que se da a una persona o institución de manera periódica.

La palabra subsidio tiene en argentina una connotación negativa. Se la asocia con la limosna, con el clientelismo, con la beneficencia. En ese sentido, la asignación es un derecho que les corresponde a las personas para dignificarlas.

Asignaciones Universales por hijo y embarazo entrañan el reparo del Estado a la vulneración de derechos que debió garantizar siempre, tales como el derecho a la salud y a la educación.

En este sentido, existe una contraprestación, por ponerle un nombre, de parte de lxs beneficiarixs de estas asignaciones: lxs niñxs debe ir a la escuela y deben llevar controles médicos periódicos. De esta manera se lxs incluye dentro del sistema educativo y de salud.

Digo esto por que recientemente leí una nota en un medio mendocino donde el midachi Miguel Del Sel dice que gracias a la asignación universal por embarazo las adolescentes de entre 12 y 13 años se “embarazanpara recibir una platita”.

Yo quisiera saber si el Sr. Del Sel mantiene un/a hijx con doscientos setenta pesos. En ese sentido es ilógico pensar que las mujeres pobres decidan ser una “fábrica de niñxs” para poder cobrar “esa platita”.

La asignación no es más que una ayuda. Si tuviéramos en debate una asignación de dos mil pesos, entonces se podrían considerar los dichos de midachi pro – derechista. Pero considerando el poco dinero que representa la asignación no podemos oír siquiera las burradas de este personaje.

Sr. Midachi, no es que las niñas se embaracen para recibir una platita, el tema es que cada vez más chicas embarazadas asisten a los controles, por que de no hacerlo, no cobrarían nada. No se triplicaron los embarazos adolescentes, se triplicaron las visitas al/a obstetra. No sea ignorante Sr. Midachi-Pro-Derechista. Antes de tirar esos dardos, piense un poco en la cantidad de gente beneficiada no solamente de manera económica, sino también en cuestiones de derechos.

El Parlamento argentino tratará la interrupción del embarazo el mes próximo

América Latina tiene algunas de las leyes más restrictivas del mundo respecto del aborto. Pero, por primera vez en la historia, una mujer tiene en sus manos la posibilidad de iniciar el cambio.

Apenas 15 años atrás, el Gobierno peronista de Argentina era uno de los principales aliados políticos del Vaticano en su cruzada contra el aborto. Ahora, con un nuevo Gobierno peronista, todo ha cambiado.

El Parlamento argentino comenzará a tratar el asunto el mes próximo. El proyecto de ley que ha logrado mayor consenso -lo firman 250 organizaciones de mujeres y 50 legisladores- es claro y sencillo: propone que toda mujer podrá interrumpir su embarazo, si lo desea, hasta la semana 12 de gestación y más adelante si corre riesgo su salud o su vida, si fue violada, o si el feto tiene malformaciones graves.

El proyecto más conservador -que no tiene el mismo consenso pero es impulsado por el presidente de la comisión que discutirá el tema- pretende solo agregar una coma en el artículo vigente del Código Penal que estipula que la interrupción del embarazo está permitida si este "proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente". Sin la coma, se interpreta que solo puede abortar una mujer idiota o demente que, además, haya sido violada. Con la coma, no se pedirá a esta última el prerrequisito de la idiotez. (La otra excepción aceptada es que la mujer corra un grave riesgo para su salud).

En principio, parece no existir razón para que no se apruebe el primer proyecto. La realidad ha sobrepasado hace tiempo la letra muerta de la vieja ley. Medio millón de mujeres, aproximadamente, aborta cada año en Argentina. Unas 3.000 han muerto por complicaciones desde 1983, cuando comenzó la democracia, y otras miles sufren secuelas.

Como en otros países de América Latina, en Argentina el aborto es una cuestión de clase: solo las mujeres sin recursos arriesgan vida y salud. Las excepciones actuales son hipócritas: todas estas mujeres corren riesgos y si la demente violada del Código Penal no puede costear una clínica privada, tiene que enfrentarse al temor de los médicos, que reclaman, para cubrirse, la venia previa de un juez, que siempre tarda demasiado en fallar.

La opinión pública tampoco es un obstáculo. Las encuestas revelan que entre un 43 y un 60% de la población está en contra de que la ley castigue a las mujeres que abortan. Un obispo admitió tácitamente que la mayoría desea el cambio: "Las leyes", protestó, "no pueden basarse solo en el consenso".

La Iglesia católica es, como en el resto del continente, la principal oposición. Pero la jerarquía eclesiástica argentina atraviesa el punto más bajo de su historia. El expresidente Néstor Kirchner le propinó la mayor derrota con la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, que habilitó el casamiento entre personas del mismo sexo. Las amenazas de excomunión no sirvieron de nada: los impulsores de la ley obtuvieron éxitos arrolladores en las últimas elecciones.

En estos días, además, se debate en el Senado una ley de muerte digna, otra medida que la Iglesia rechaza. Que se discuta la eutanasia y no haya escándalo alguno es otra señal de que la sociedad argentina está más avanzada que la legislación en estos temas.

Pese a este panorama favorable, los legisladores que impulsan la nueva ley no parecen convencidos de lograr siquiera que se discuta en sesión plenaria del Parlamento.

¿Por qué?

Si uno les pregunta, responden como analistas: solo habrá ley cuando la presión social lo imponga; no hay un movimiento social fuerte que sirva como interlocutor; la comunidad gay argentina fue muy hábil y actuó en conjunto, pero las organizaciones de mujeres tienen 250 portavoces y casi tantos puntos de vista, etcétera, etcétera.

La verdadera razón es muy sencilla: los políticos tienen miedo. Necesitan fingir que una pistola les apunta a la cabeza para atreverse a un cambio.

La política argentina vive una dramática falta de liderazgos. El Congreso, en teoría dominado por las fuerzas de oposición, no ha logrado sancionar una sola ley significativa en lo que va del año. Los opositores saben que no tienen oportunidades de éxito en las elecciones presidenciales de octubre: marchan hacia una masacre. Los partidos están huérfanos y las organizaciones sociales lucen débiles. Solo hay una fuente de poder: el Gobierno.

Durante el tratamiento de la ley de matrimonio igualitario, el año pasado, fue el expresidente Kirchner quien esgrimió la pistola sobre la cabeza de los timoratos legisladores. Tras la victoria, Kirchner comentó a dirigentes de su partido que en su siguiente mandato, que esperaba conseguir este octubre, impulsaría la despenalización del aborto. Murió un año antes de ese triunfo. Toca a su viuda, la presidenta Cristina Kirchner, ganadora con el 50% de los votos en las primarias de agosto (se espera que iguale o supere este resultado en las presidenciales), cumplir esta promesa.

¿Lo hará?

Algunos elementos podrían indicarlo. La presidenta ha hecho saber que en su segundo y último mandato aspira a dejar un legado que supere las luchas facciosas de los últimos años. El lugar de la Argentina en la región y su propia proyección internacional le importan mucho. Cuando Argentina aprobó la ley de matrimonio igualitario, aceleró el debate en Colombia, México, Uruguay, Brasil, Chile, Perú y Paraguay. Lo mismo podría ocurrir con la ley de despenalización del aborto, que solo existe en Cuba y el DF mexicano.

Pero la presidenta no ha enviado aún señales definitivas. En su reciente biografía autorizada mantuvo la ambivalencia: "Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero no digo que tengo razón". Algunas feministas vieron allí un guiño. Su marido, antes de morir, decía que para ella el tema era conflictivo en términos personales: en su juventud había perdido, en forma traumática, un embarazo avanzado. Según el difunto expresidente, ella no alentaría una ley, pero tampoco se opondría.

Eso no es suficiente. En estos ocho años en el poder, más allá de las críticas, los Kirchner han saldado varias deudas pendientes de la democracia: el juicio a los crímenes de la dictadura, el aumento histórico en las jubilaciones, la ley de matrimonio igualitario, la designación de una Corte Suprema de Justicia independiente y, más reciente, la ampliación de la Asignación Universal por Hijo para que incluya a las embarazadas a partir del tercer mes de gestación (hasta ahora, el subsidio solo tocaba a familias con hijos ya nacidos).

Al anunciar esta última medida, Cristina Kirchner afirmó: "La evolución de la mortalidad materna, que tiene que ver siempre con la injusticia social, sigue siendo el gran separador y negador de derechos". El aborto es la primera causa de mortalidad materna en Argentina. Si la presidenta cree en lo que dice, impulsar la despenalización del aborto debe ser su próxima tarea.

 

"Graciela Mochkofsky es periodista y escritora argentina"

 

Fuentes: El País 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/10/actualidad/1318276214_246711.html