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viernes, 23 de marzo de 2012

FALLOS FALLADOS

Urtubey y Perez con sus trajes de Gobernadores.
Hoy el Gobernador de Mendoza dijo en declaraciones públicas que la provincia no va a adherir al fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación  dictara en relación a Aborto No Punible en caso de Violaciones.
Con Pérez ya son dos los gobernadores que desoirán el histórico fallo. Junto con Salta, Mendoza será otra provincia objetora de conciencia que se negará a realizar abortos seguros en hospitales públicos, vulnerando de este modo el derecho de las mujeres a la autonomía sobre sus propios cuerpos y también violando la legislación vigente, por que el artículo 86 del Código Penal no penaliza el aborto en caso de violación o ataque sexual.

Claramente Pérez y Urtubey temen las represalias divinas provenientes del mismísimo Dior, ¿o será que temen las represalias políticas que devienen de la mismísima Iglesia Católica? Quizás teman que si se convierten en “muertos políticos” los respectivos arzobispos de Salta y Mendoza no quieran darles la extremaunción. O tal vez de tan a la izquierda y derecha que se encuentran ambos gobernadores se besan en los labios, por que Pérez es el representante del Proyecto Nacional y Popular en Mendoza y Urtubey representa al PJ de derecha y a 5 sectores más del mismo tenor en la provincia de Salta. 

Lo cierto es que ambos dijeron estar en contra de reconocimientos básicos como lo fue en su momento Matrimonio Igualitario (o para los más conservas Matrimonio Gay), dijeron públicamente no respaldar Identidad de Género, incluso no piensan hacer nada para la derogación o nulidad de los artículos discriminatorios de los Códigos de Faltas (los que criminalizan homosexualidad, travestismo y trabajo sexual). 

Ahora nos encontramos con esto. Salen crispados por un fallo que en realidad no habilita un aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres y en cualquier caso, simplemente ratifica lo que ya es legal según el Código Penal: en caso de violación la mujer puede optar por realizarse un aborto en condiciones seguras.

Les horroriza pensar que este fallo sea el puntapié inicial de un debate mucho más profundo y que, en definitiva, es una deuda que los gobiernos tienen con las mujeres. 

Durante siglos se ha marginado, condenado, estigmatizado, vulnerado, atropellado, etc.,  los derechos de las mujeres. Fueron ellas quienes a base de esfuerzo y de unión han conseguido que se les reconozcan sus derechos en casi todos los ámbitos, pero queda, entre otras cosas, el derecho de decidir cuándo, cuántos y con quién tener hijxs. Ese derecho es inalienable y es, en resumidas cuentas, un derecho humano. 

Por eso es que debemos decir basta a la imposición de criterios medievales, extractos de pensamientos cristianos con los que se nos pretende obligar a vivir como si esos criterios fueran “la ley” y como tal, se debe “imponer” a todxs lxs ciudadanxs. 

El camino hacia la plena afirmación de los derechos humanos ya comenzó. Estamos viviendo un momento propicio para exigir a los gobiernos el respeto por el/la otrx, solo es cuestión de decidirnos a acompañar a los organismos de Derechos Humanos, a las organizaciones sociales y a lxs pocxs funcionarixs públicxs que dan la cara sin temer a convertirse en olvido.

miércoles, 26 de octubre de 2011

Carta a lxs Diputadxs Mendocinxs en el Congreso Nacional

Cuando las mujeres hablamos de aborto, decimos “nosotras”, porque se trata de una práctica que está presente a lo largo de nuestras vidas: en nuestras familias, entre nuestras amigas, en nuestros propios cuerpos, como acto o como posibilidad. Nosotras abortamos, pero no contamos con el derecho legal de hacerlo. O podemos decir también que, aunque no se nos reconozca el derecho de hacerlo, abortamos igual, de cualquier manera. 
Abortamos con las condiciones de higiene y seguridad que podemos pagarnos, en una clínica privada, o privadas, justamente, de las que no podemos pagarnos, y lo hacemos con la “partera” del barrio o en la propia casa, con enormes riesgos para nuestra salud, y el terror de tener que necesitar después ayuda que nos exponga a la denuncia por parte del personal médico de un hospital. Esta diferencia en la seguridad que depende de la situación económica de la solicitante, contribuye al mercado negro del aborto clandestino, un mercado de 1000 millones de pesos cada año[1], que constituye además una clara injusticia social basada en las posibilidades económicas. Abortamos angustiadas por esta clandestinidad, a la que se nos obliga, incluso cuando nuestro caso se corresponde con alguna de las excepciones que contempla el Código Penal. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con Ana María Acevedo, caso testigo en la región en el reclamo ante la CIDH[2]. Acevedo era una joven mujer santafecina, pobre y madre de tres niños, que cursaba un embarazo muy reciente cuando le diagnosticaron cáncer de mandíbula. Ante el pedido de aborto terapéutico, el Comité de Bioética del Hospital Iturraspe prefirió sostener el embarazo y, en cambio, suspenderle el tratamiento oncológico. La historia de Ana María termina con un embarazo malogrado a las 24 semanas, el dolor insoportable del cáncer, el coma farmacológico seguido de muerte y sus tres hijos huérfanos de madre[3]. Recordamos también el caso reciente de la adolescente misionera, embarazada fruto de la violación por parte de un tío, que reclamó un aborto; su madre fue mal informada acerca de falsos riesgos por el personal médico, que le impidió esta práctica, y hoy la niña cursa su embarazo en el total abandono por parte de todos los sectores, públicos y de la sociedad civil, que batallaron contra su derecho[4]. Historias similares se cuentan por docenas en todo el país, involucrando a niñas y mujeres con discapacidad mental, cuyas madres tuvieron que elegir entre hacerlas abortar en la clandestinidad, o resignarse a criar, además de una hija que no puede valerse por sí misma, al niño o la niña que esta tendría. Abortamos también empujadas a ello por el mismo sistema de salud que nos niega el acceso a los métodos anticonceptivos en muchas provincias. Es lo ocurrido con Mónica, una mujer entrerriana, de 26 años, pobre y padeciente del síndrome de Fallot, una patología cardíaca crónica: no le colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) cuando lo solicitó, luego le negaron el aborto terapéutico en dos hospitales públicos, y ahora permanece internada, en reposo absoluto y lejos de su esposo y su hijo adolescente[5]. Abortamos exponiéndonos al reproche de sectores de la sociedad que insisten en la consigna de que el aborto es un asesinato, que llaman “bebé” al embrión, que nombran como “madre” a la mujer embarazada aunque no quiera serlo, argumentando un sufrimiento en el aborto que no es posible biológicamente por falta de desarrollo nervioso del embrión, y defienden los supuestos derechos del que denominan “niño por nacer”, creando con sus falacias una persona donde no la hay, e ignorando los derechos de la persona que sí existe, la mujer, a la que se reduce al rol de incubadora. Abortamos a pesar de las advertencias de estos mismos sectores que nos hablan de un supuesto daño psicológico irreversible, porque sabemos que, más allá de la persecución moralizadora y culpabilizadora de estos sectores, el único daño irreversible que nos amenaza es el físico, como la esterilidad o la muerte, consecuencia de la misma clandestinidad de la práctica, y no una angustia con la que intentan desmentir la capacidad que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Abortamos aunque nos traten de asesinas e irresponsables, ignorando la relevancia que la contemplación de los derechos de las mujeres tiene en la agenda de los derechos humanos, y la alta incidencia que tiene en la Argentina la falla del método anticonceptivo en los embarazos, la violencia de género o la desinformación: el 40% de los embarazos en el país no fue buscado, un porcentaje que alcanza el 70% en adolescentes[6].

Abortamos en gran número, y por eso el derecho a hacerlo es un asunto relevante de salud pública. Recientemente, en la jornada “El aborto, un problema de salud pública”, el doctor Mario Sebastiani, del Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano y presidente del Comité de Bioética de ese hospital, explicaba que en la Argentina se registra casi un aborto por cada embarazo llevado a término, es decir, más de 500.000 al año[7]. La clandestinidad de esta práctica genera al año más de 50.000 internaciones por aborto mal realizado[8] y más de 200 muertes de mujeres en edad fértil. Estos son los números que obligan a dejar de pensar en el aborto como una cuestión moral para entenderlo como un aspecto principal de la salud pública. Explica el doctor Sebastiani: “Hay algunos lugares donde esto está relegado a la clandestinidad, a la inseguridad, a la enfermedad y a la muerte; y en otros donde es un triunfo de la salud pública. Lo que significa que aún siendo terriblemente dificultoso el problema del aborto desde el punto de vista moral, religioso, humanitario, la salud pública les dice a las mujeres que no las va a desproteger ni les dará la espalda. La salud pública les ofrecerá a esas mujeres un procedimiento absolutamente seguro que interrumpa la gestación, luego las asesorará a los efectos de que no vuelvan a tener una repitencia y de que no vuelva a tener un embarazo no deseado. Esta escenografía se contrapone a la clandestinidad que resuelve el problema cuanto antes y de las peores maneras”[9]. La mención a la prevención de la repitencia hace foco en otro de los cuestionamientos frecuentes a la legalización del aborto: la posibilidad de que aumente la práctica. Es un argumento que suele utilizarse contra la ampliación de derechos: se dijo que las parejas se separarían más si se legalizaba el divorcio, o que se produciría una crisis social y familiar con la sanción del matrimonio igualitario. En el caso del aborto, no solamente se evitarían el daño físico y la muerte de las mujeres en edad fértil, sino que además, al quedar la práctica dentro del sistema de salud, se la podría asesorar con información médica veraz, y proveer con métodos anticonceptivos, para que pueda evitar la realización de una nueva interrupción de un embarazo no deseado. Contar con una ley de interrupción voluntaria del embarazo no obligará a nadie a abortar, pero, si asegurará la salud de las mujeres que aún a riesgo de enfermarse, morir o ir presas interrumpen sus embarazos porque no es su momento, o porque no lo pueden sostener económicamente o porque han sido violadas.

En los últimos años, los derechos humanos se han convertido en parte central de la agenda pública argentina. Así como reconocemos este avance, corresponde recordar que desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente a través de la Relatoría del Consejo de Derechos Humanos (CDH), se sostiene que la salud sexual y reproductiva de las mujeres debe dejar de ser un asunto de moral pública para ser reconocida como un asunto central de los derechos humanos. El Relator Especial del CDH, Anand Grover, en el párrafo 21 del informe “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, sostiene: “Las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse. Estas leyes atentan contra la dignidad y autonomía de la mujer al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva. Asimismo, generan invariablemente efectos nocivos para la salud física, al ser causa de muertes evitables, morbilidad y mala salud, y para la salud mental, entre otras cosas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el sistema de justicia penal. La promulgación o el mantenimiento de leyes que penalicen el aborto puede constituir una violación de la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud”[10].

Es por todo lo expuesto que consideramos que nuestros legisladores y legisladoras tienen la obligación política de avalar, en este debate, el proyecto que reconoce el derecho absoluto a la interrupción voluntaria del embarazo, como práctica regular dentro del sistema de salud en todos los sectores. Las mujeres en la Argentina necesitamos, tenemos derecho y lo reclamamos, a la educación sexual integral para decidir, al libre acceso a los métodos anticonceptivos para no abortar, y la interrupción voluntaria del embarazo con garantía, legal, seguro y gratuito para no morir.


Firmamos: Mendocinxs por la Igualdad – Libres por la Diversidades – Juana Azurduy – Coordinación de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo - Movimiento Universitario SUR – Libres del Sur Mendoza en el Frente Amplio Progresista

Fuentes:

[1] “Algo habrán hecho”, en Aborto con Pastillas, 31-08-2010. http://abortoconpastillas.info/2010/08/31/algo-habran-hecho/

[2]
“ONGs de Argentina Denunciaron ante la CIDH las consecuencias de la criminalización del aborto”, en Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos o violencia familiar, 29-03-2011. http://www.proteccioninfancia.org.ar/node/464
[3]
“Condenada en nombre de la medicina”, en Página/12, 29-03-2011. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/165132-52784-2011-03-29.html
[4]
“Denunciaron el abandono en que se encuentra la niña violada a la que se le negó el aborto no punible”, en RedMisiones.TV, 13-10-2011. http://www.redmisiones.tv/ampliar.php?id=1011
[5]
“Una vida en riesgo por negar un aborto”, nota de Mariana Carbajal en Página/12, 13-10-2011. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-178801-2011-10-13.html
[6]
“Madres argentinas: tienen en promedio de 2 a 3 hijos”, en Diario El Ciudadano y la Gente, 16-00-2011.
http://www.elciudadanoweb.com/?p=260010

[7]
“En Argentina tenemos casi un aborto por cada recién nacido”, en Diario La Mañana de Neuquén, 22-10-2011. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/10/22/en-argentina-tenemos-casi-un-aborto-por-cada-recien-nacido_124963#
[8]
“Reclaman políticas para evitar muertes durante el embarazo y el parto”, en DocSalud.com, 28-03-2011. http://www.docsalud.com/articulo/2232/reclaman-pol%C3%ADticas-para-evitar-muertes-durante-el-embarazo-y-el-parto
[9]
“En Argentina tenemos casi un aborto por cada recién nacido”, en Diario La Mañana de Neuquén, 22-10-2011. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2011/10/22/en-argentina-tenemos-casi-un-aborto-por-cada-recien-nacido_124963#
[10]
“El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, Asamblea General de las Naciones Unidas, 03-08-2011. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/254&referer=/english/&Lang=S

sábado, 15 de octubre de 2011

Asignación Universal según Miguel Del Sel: el MIDACHI-Pro-Derechista


Si hay dos medidas de gobierno nacional que han sido ejemplo para muchos países latinoamericanos y no latinoamericanos, son Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Creo que es muy importante entender el espíritu de estas medidas. No son medidas clientelistas por que las reciben todxs aquellxs que cumplen con los requisitos. No podemos decir que el gobierno te da la asignación a cambio de un voto. Tampoco son subsidios. Los subsidios son cantidades de dinero que recibe una persona o entidad, de manera excepcional, como ayuda para satisfacer una necesidad determinada. Esto es una asignación, es decir, es la cantidad de dinero que se da a una persona o institución de manera periódica.

La palabra subsidio tiene en argentina una connotación negativa. Se la asocia con la limosna, con el clientelismo, con la beneficencia. En ese sentido, la asignación es un derecho que les corresponde a las personas para dignificarlas.

Asignaciones Universales por hijo y embarazo entrañan el reparo del Estado a la vulneración de derechos que debió garantizar siempre, tales como el derecho a la salud y a la educación.

En este sentido, existe una contraprestación, por ponerle un nombre, de parte de lxs beneficiarixs de estas asignaciones: lxs niñxs debe ir a la escuela y deben llevar controles médicos periódicos. De esta manera se lxs incluye dentro del sistema educativo y de salud.

Digo esto por que recientemente leí una nota en un medio mendocino donde el midachi Miguel Del Sel dice que gracias a la asignación universal por embarazo las adolescentes de entre 12 y 13 años se “embarazanpara recibir una platita”.

Yo quisiera saber si el Sr. Del Sel mantiene un/a hijx con doscientos setenta pesos. En ese sentido es ilógico pensar que las mujeres pobres decidan ser una “fábrica de niñxs” para poder cobrar “esa platita”.

La asignación no es más que una ayuda. Si tuviéramos en debate una asignación de dos mil pesos, entonces se podrían considerar los dichos de midachi pro – derechista. Pero considerando el poco dinero que representa la asignación no podemos oír siquiera las burradas de este personaje.

Sr. Midachi, no es que las niñas se embaracen para recibir una platita, el tema es que cada vez más chicas embarazadas asisten a los controles, por que de no hacerlo, no cobrarían nada. No se triplicaron los embarazos adolescentes, se triplicaron las visitas al/a obstetra. No sea ignorante Sr. Midachi-Pro-Derechista. Antes de tirar esos dardos, piense un poco en la cantidad de gente beneficiada no solamente de manera económica, sino también en cuestiones de derechos.

viernes, 8 de abril de 2011

SOLICITADA: ABORTO LEGAL, UNA DEUDA DE LA DEMOCRACIA.

Afirmando nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, las organizaciones, grupos y personas abajo firmantes consideramos imprescindible que el Congreso Nacional debata y sancione el proyecto Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito-presentado con la firma de 50 diputadas/os de un amplio arco político; porque ésta es una deuda que la democracia tiene con las mujeres en  Argentina.
La despenalización y legalización del aborto es un tema de justicia social, porque el aborto clandestino mal hecho, sin condiciones sanitarias adecuadas, pone en peligro la vida y la salud de las adolescentes y las mujeres más pobres. Condena a la muerte a cientos de mujeres por año en nuestro país, siendo la primera causa de Mortalidad Materna en Argentina.
La criminalización del aborto no impide su práctica, como lo demuestra la realización de alrededor de medio millón de abortos por año.